En una movida significativa hacia la salvaguarda de los derechos de los consumidores, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti del Frente de Todos (FDT) ha presentado el esperado Proyecto de Ley del Código de Protección de las y los Consumidores y Usuarios de la Nación. El anuncio fue respaldado por una coalición de líderes y expertos, incluyendo al secretario de Comercio Matías Tombolini, el diputado provincial de Mendoza José Luis Ramón y una amalgama de asociaciones de usuarios y consumidores a nivel nacional, así como respetados profesionales y destacados referentes de la comunidad académica y colegios de profesionales.
Este proyecto, enmarcado en la búsqueda de soluciones efectivas para abordar los retos actuales en las relaciones de consumo, surge como respuesta a la creciente necesidad de establecer un marco legal que garantice los derechos y bienestar de los consumidores en toda la nación.
De acuerdo con datos proporcionados por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, ciertos rubros se han destacado como líderes en términos de reclamaciones. Estos incluyen servicios financieros y seguros con un 34,8% de los reclamos, seguido por telecomunicaciones con un 29,5%. Además, sectores como electrodomésticos (12,8%), rodados y automotores (11,6%), y servicios de administración de pagos (11,3%) también figuran en la lista de las preocupaciones de los consumidores.
La propuesta legislativa se perfila como una valiosa herramienta para abordar y solucionar estas cuestiones de manera efectiva, al mismo tiempo que establece una base sólida para la protección a largo plazo de los derechos de los consumidores en el país.
El Proyecto de Ley de Código de Protección de las y los Consumidores y Usuarios de la Nación es un paso adelante en el camino hacia una mayor equidad y transparencia en las transacciones comerciales y un reflejo del compromiso continuo con el bienestar de los consumidores en Argentina. Con la colaboración de expertos, representantes gubernamentales y grupos de la sociedad civil, esta iniciativa podría tener un impacto positivo duradero en la relación entre consumidores y proveedores de bienes y servicios en el país.
Luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, las tres provincias que reúnen mayor cantidad de reclamos son Santa Fé, Córdoba y Mendoza.
Se comentó sobre la necesidad de actualizar y ampliar la defensa de consumidores y usuarios a los tiempos que corren, y sobre todo, a las situaciones que enfrentan miles de argentinos a la hora de reclamar por un electrodoméstico fallado, un servicio mal prestado o hasta la vida útil de un producto.
Fernández Sagasti dijo: “Estamos proponiendo un cambio de paradigma poniendo a los consumidores y consumidoras en el centro de la escena. Hay que revertir un sometimiento estructural en las relaciones de consumo y las situaciones que se dan y no están alcanzadas por una norma que ponga a la dignidad de la persona humana como prioritaria”.
La senadora habló de la transversalidad del alcance de la propuesta y, dijo, “como mendocina sé de la importancia de que estos derechos sean garantizados no solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino en cada una de las provincias del país”.
Un apartado interesante es el que busca prevenir el sobreendeudamiento personal y familiar en los casos de abuso financiero y Fernández Sagasti apuntó a que se busca “aliviar la angustia de muchas familias argentinas que caen en estafas y abusos con tasas desorbitantes”.
Por su parte, Ramón, que presentó el Código en la Cámara Baja del Congreso en 2021, apuntó a que «la presentación y la puesta en debate de este proyecto, es un hito importante porque de una vez por todas los usuarios y consumidores vamos a tener una herramienta que va a permitir el ejercicio del derecho con la protección del orden público, sin ningún tipo de interpretación por parte de funcionarios o por parte de aquellos que nos proveen los productos y los servicios a cada una de las familias argentinas».
Finalmente, Tombolini resaltó que “la asimetría de la información nos lleva a una situación en el presente en la que es necesaria la intervención del Estado para hacer lo que hizo siempre el peronismo: emparejar la cancha. Y eso implica muchas veces tocar los intereses de los sectores concentrados. Entonces, cuando aparecen herramientas que le dan al sector público la capacidad de penalizar a quienes lastiman los derechos de los usuarios y los consumidores es algo que debemos celebrar”.
Entre otras cosas, el Proyecto de Ley busca estimular las acciones individuales y colectivas, así como los mecanismos de participación ciudadana en la defensa de derechos. También impulsa el consumo sustentable y pone en debate la obsolescencia artificial programada, junto con la verdadera durabilidad de los productos. Se ocupa de regular diferentes formas y tipos de publicidad comercial engañosas y situaciones contractuales abusivas.
Por otro lado, propicia el acceso real e igualitario a los servicios públicos esenciales y promueve la participación de las y los consumidores en la elaboración e implementación de políticas públicas.
Cabe resaltar el espíritu y alcance federal de la iniciativa, ya que invita a las provincias a ampliar este tipo de mecanismos tomando el Código como un piso mínimo de derechos.