La crisis habitacional en Buenos Aires se manifiesta de diversas maneras. Las altas tasas de alquiler y la dificultad para acceder a una vivienda digna han dejado a muchas familias y comunidades en una situación vulnerable. El aumento constante de los precios de la vivienda ha llevado a una falta de opciones asequibles para una gran parte de la población.
Las desigualdades socioeconómicas en la ciudad han agravado la crisis habitacional. Mientras algunos pueden acceder a viviendas lujosas y bien ubicadas, otros se ven obligados a vivir en condiciones precarias o incluso sin hogar. Esta disparidad evidencia la necesidad de políticas que aborden las desigualdades y garanticen el derecho básico a una vivienda adecuada para todos.
Las comunidades más vulnerables enfrentan las consecuencias más severas de la crisis habitacional. La falta de viviendas asequibles obliga a muchas familias a vivir en situaciones de hacinamiento o en asentamientos informales. La falta de acceso a servicios básicos y la inseguridad en la tenencia de la vivienda contribuyen a un ciclo de marginalización y dificultades.
El gobierno local y nacional tienen un papel crucial en abordar esta crisis habitacional. Se requiere una acción coordinada que involucre políticas de vivienda asequible, regulaciones de alquiler justas y programas de asistencia para las comunidades más vulnerables. Además, la planificación urbana debe ser inclusiva y considerar las necesidades de todas las personas, independientemente de su situación socioeconómica.
La crisis habitacional no es simplemente un problema gubernamental; es un desafío que requiere la colaboración y la solidaridad de toda la sociedad. Organizaciones no gubernamentales, activistas, expertos en políticas y ciudadanos comprometidos pueden unirse para presionar por soluciones y crear conciencia sobre la importancia de garantizar un hogar para todos.
En todas las ciudades en las cuales se desplegaron las plataformas de alquileres temporarios, se agravó el problema del acceso a la vivienda para quienes viven en esas ciudades. Argentina no es la excepción.
Ante esta situación, Guadalupe Granero, coordinadora del área Urbana y una de las autoras del informe, afirma: “Mientras el déficit habitacional en Argentina crece, hay que controlar dinámicas que, como el crecimiento de los alquileres temporarios, contribuyen a agravarlo. Es urgente coordinar acciones entre los diferentes niveles de gobierno para generar información adecuada e implementar acciones que regulen la actividad, con la premisa de garantizar el derecho a la vivienda”.
El aumento de los anfitriones corporativos y multi-anfitriones, por otro lado, también indica que se está produciendo una concentración en el mercado de alquileres temporarios, lo que podría dificultar la competencia y reducir aún más la oferta de viviendas para aquellos que buscan alquilar a largo plazo.
“El fenómeno del alquiler temporario vía plataformas pone en jaque desde un nuevo flanco el acceso a una vivienda digna. Se trata de un fenómeno global que en Argentina se aceleró con fuerza en el último tiempo en un contexto macroeconómico que hace cada vez más atractiva la posibilidad de dolarizar ganancias por parte de los dueños de inmuebles. Además, esta actividad toma dinámicas particulares en cada ciudad, aunque tiene un denominador común: el encarecimiento y precarización de un derecho humano que como tal tiene que ser garantizado por el Estado en todos sus niveles”, aporta Fernando Bercovich, integrante del área Urbana del CEM.
Es necesario que los gobiernos entiendan el fenómeno de los alquileres temporarios como algo que trasciende las dinámicas del turismo, que no es sólo un problema comercial sino que, a su vez, implica impactos urbanos y habitacionales.La legislación nacional o provincial tiene que ser capaz de definir los alquileres temporarios como una actividad diferente al uso residencial y para que tenga una regulación específica.
“Dejar la planificación urbana y el derecho a la vivienda en manos del mercado aleja la posibilidad de acceso a la vivienda ya no solo en propiedad sino también en alquiler. El alquiler temporario es sin duda una amenaza más y por eso es imprescindible que, como sucede en todo el mundo, el estado intervenga garantizando este derecho. La economía de plataforma como toda tecnología no es ni buena ni mala sino que el estado debe garantizar el respeto de la normativas vigentes y establecer regulaciones allí donde aún no existen”, agrega el director del CEM, Matías Barroetaveña.